No es país para los inocentes
Análisis del plan de liberación de detenidos en el régimen de excepción de El Salvador
Introducción
En las conferencias de prensa de los días 13 y 16 de octubre de 2026, el presidente de El Salvador dijo que su gobierno tenía un plan de liberación de personas detenidas durante el régimen de excepción. El plan únicamente comprendería medidas de reducción de pena para condenados o para quienes, aun cuando sus procesos continúan pendientes de sentencia, el gobierno presume que son culpables. El objeto de este reporte es evaluar la información disponible de ese plan y proponer recomendaciones de política pública.
Primero, se presenta el contexto del régimen de excepción que rige en El Salvador desde marzo de 2022 (1). Luego se expone la información pública sobre un posible plan de liberación de detenidos (2). En la siguiente parte se exponen las vías que ofrece la ley salvadoreña para ejecutar los lineamientos generales que ha anunciado el presidente Bukele sobre ese plan: la libertad condicional, la libertad condicional anticipada, la libertad controlada, y el proceso abreviado (3). En la última parte se evalúa la información provista por ese plan, y se señalan los riesgos que presenta para todos aquellos que están bajo detención provisional y que aún no han sido condenados. Finalmente se plantea una solución basada en las recomendaciones que oportunamente hizo GIPES (4).
Esperamos que este informe sea un insumo útil para actores relevantes que tengan capacidad de incidir ante las autoridades salvadoreñas. Los salvadoreños son los principales responsables de resolver la crisis de derechos humanos que ha provocado el régimen de excepción, pero es muy difícil que lo logren sin el apoyo de la comunidad internacional.
1. El régimen de excepción en El Salvador
Entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, las pandillas, conocidas como maras, cometieron 87 homicidios en El Salvador. Ante esa situación extraordinaria, el día 27 la Asamblea Legislativa decretó un régimen de excepción mediante el cual suspendió algunos derechos fundamentales.
Desde su aprobación inicial, el régimen de excepción ha sido prorrogado en 55 ocasiones. Por su naturaleza, debe ser una medida temporal y extraordinaria, pero ha permanecido vigente por más de cuatro años y seis meses. Hasta octubre de 2026, se han detenido al menos 93,334 personas en el marco del régimen.
En 2024 se creó el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (en adelante GIPES). El grupo es respaldado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), InterJust, el Proyecto de Investigación IMPACTUM y el Programa para el Estudio de los Derechos Humanos en Contexto, de la Universidad de Ghent (Bélgica).
El 11 de marzo de 2026, GIPES publicó el informe El Salvador en la encrucijada: Crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública. En ese trabajo se concluye que existe una "base razonable" para afirmar que, de acuerdo con el Estatuto de Roma, en el régimen de excepción se han cometido crímenes de lesa humanidad.
El 15 de julio de 2026, Amnistía Internacional (en adelante AI) publicó el informe Seguridad sin derechos: El impacto de las detenciones arbitrarias masivas y la negación del debido proceso en la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en El Salvador. En ese reporte también concluyó que en El Salvador podrían estar ocurriendo crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción.
Ambos reportes destacan que uno de los actos que estarían provocando estos presuntos crímenes de lesa humanidad es la encarcelación u otra privación grave de la libertad física de manera sistemática y generalizada.
2. ¿Un plan de liberación de reos en El Salvador?
Ibrajim Bukele es hermano del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Tres de los hermanos del presidente —entre ellos, Ibrajim— no ocupan ningún cargo público, pero operan como estrategas y actores decisivos en el diseño y ejecución de políticas públicas.
El 3 de abril de 2026, en un post desde su cuenta en X, Ibrajim se refirió a los detenidos durante el régimen de excepción. El hermano del presidente dijo: "Hay un equipo independiente revisando caso por caso”. Luego señaló que ese equipo "trabaja de la mano con Fiscalía, Ministerio de Justicia y Centros Penales". Y agregó: "Parte del equipo forma también parte del despacho de la Primera Dama. Nadie quiere tener inocentes en la cárcel".
El 13 de octubre, en una conferencia de prensa de Nayib Bukele, una periodista le preguntó sobre el estado en que se encontraba esa comisión de evaluación de casos del régimen de excepción. Bukele dijo: "No sé qué quiso decir [mi hermano] exactamente, pero yo me imagino que lo que él quiso decir, que es lo que estamos haciendo, y yo lo dije una vez también en público, es que nosotros no tenemos ninguna intención de tener ninguna persona que no sea culpable en la cárcel". Luego agregó: "Nosotros tenemos un plan y yo lo mencioné la otra vez, creo que beneficiaría más o menos a un 50% más o menos de los presos de que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas con una liberación anticipada, o sea, es culpable, pero liberarlo condicionalmente, ¿no? liberarlo con monitoreo, con liberación condicional".
El 16 de octubre Bukele participó en una conferencia de prensa con la presidente de Costa Rica. Ahí, dio nueva información sobre el plan de liberación de reos al que había hecho referencia tres días antes. Dijo: "Yo lo que dije fue que vamos a revisar el 50 % aproximadamente, puede ser 45 %, puede ser 55 %, de los casos de los que estaban presos por ser colaboradores de las pandillas, no de los pandilleros".
El presidente dijo que en los centros penitenciarios de El Salvador había 96,457 personas relacionadas con pandillas. Los clasificó de acuerdo a su grado de involucramiento con esas organizaciones criminales, así:
Homeboys: 42,125.
Miembros no brincados: 25,910.
Paros: 17,793.
Colabordores: 10,629.
Bukele dijo que solo algunos de los privados de libertad relacionados con las pandillas, y que están en el último nivel (colaborador), podrían obtener beneficios carcelarios "para poder salir más rápido".
El presidente no aclaró si los privados de libertad a los que se refirió son personas bajo detención provisional y cuyos procesos judiciales continúan activos, o personas que ya han sido condenadas. No hay cifras oficiales que permitan verificar a qué grupo se refería el señor Bukele; pues una de las características de la política de seguridad y penitenciaria es la falta de transparencia y la sistemática violación del derecho de acceso a la información pública.
Más allá de esas declaraciones en las conferencias de prensa de los días 13 y 16 de octubre de 2026, no hay información clara sobre el contenido y alcance del plan de liberación de reos al que el presidente se refirió.
En todo caso, el único beneficio que se ha comunicado como parte de ese plan es la reducción de condenas. Sobre esa base, de existir ese plan, parece que únicamente se dirige a personas condenadas, o que el gobierno presume que son culpables a pesar de que no exista una sentencia aún. En la siguiente sección se abordan las vías que, de acuerdo con la legislación salvadoreña, podría activar el gobierno a favor de la población que pretendería beneficiar.
3. Vías legales para otorgar beneficios a culpables
3.1. Personas condenadas
3.1.1. Libertad condicional
La libertad condicional es un beneficio que puede otorgarse a los condenados a penas de prisión en El Salvador. Consiste en permitir que un condenado sustituya el cumplimiento del resto de su pena de prisión por un régimen de libertad sujeto a ciertas condiciones o reglas de conducta. El otorgamiento de este beneficio corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena.
Para obtener este beneficio, el condenado debe cumplir con los siguientes requisitos:
Haber cumplido las dos terceras partes de la condena impuesta.
Obtener un informe favorable del Consejo Criminológico Regional que acredite buena conducta.
No mantener un alto grado de agresividad o peligrosidad.
Haber cumplido o garantizar el cumplimiento de las obligaciones civiles determinadas en la sentencia condenatoria, o demostrar la imposibilidad de pagar.
Este beneficio no puede otorgarse a las personas condenadas por los delitos de homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación, violación en menor o incapaz, violación agravada, ni por delitos cometidos en la modalidad de crimen organizado.
La libertad condicional puede otorgarse también a quienes sean incapaces o padezcan de una enfermedad incurable en período terminal, que no representen riesgo social alguno, y que hayan sido condenadas por delitos que no impliquen penas severas ni conductas de peligrosidad trascendental.
El incidente para otorgar este beneficio puede iniciarse por solicitud del condenado o de manera oficiosa por el tribunal.
3.1.2. Libertad condicional anticipada
La libertad condicional anticipada puede otorgarse antes de que el condenado cumpla las dos terceras partes de la pena impuesta que exige regularmente la libertad condicional. Es una medida excepcional.
Se puede otorgar a quienes hayan cumplido la mitad de la condena y hayan realizado actividades laborales, culturales, ocupacionales o de otra naturaleza que permitan pronosticar una favorable reinserción social. También puede otorgarse al condenado mayor de sesenta años que haya cumplido la tercera parte de la pena impuesta y padezca enfermedades crónicas degenerativas o con daño orgánico severo, así como a quienes sean incapaces o padezcan una enfermedad incurable en período terminal, que no representen riesgo social alguno, y que hayan sido condenados por delitos que no impliquen penas severas ni conductas de peligrosidad trascendental.
La autoridad competente para otorgar este beneficio es el Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena. Los consejos criminológicos regionales pueden proponerle al tribunal la concesión del mismo.
Esta medida tampoco puede otorgarse a los condenados por los delitos de homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación, violación en menor o incapaz, violación agravada, ni por delitos cometidos en la modalidad de crimen organizado.
3.1.3.Libertad controlada
En marzo de 2026, El Salvador aprobó una reforma constitucional que habilitó la pena perpetua. Ese mismo mes, se aprobó una reforma al Código Penal que estableció la cadena perpetua como pena única y automática para los delitos de homicidio simple, homicidio agravado, violación, violación en menor o incapaz, violación y violación en menor agravada, y pertenencia a organización terrorista.
La libertad controlada es un beneficio que puede otorgarse a los sancionados con pena de prisión perpetua. El beneficiario de esta medida será sometido a medidas de control por un periodo de cinco años. La autoridad competente para otorgar este beneficio es el juzgado de lo criminal.
Un requisito para acceder a este beneficio es haber cumplido la condena en los plazos de revisión de pena perpetua aplicables. Estos son:
Para delitos cometidos por menores de edad: 25 años.
Si se condenó por un solo delito: 30 años.
Si se condenó por concurso de delitos: 35 años.
Si se determinó una agravante específica o extrema gravedad cualificada: 40 años.
Para que se considere el otorgamiento de este beneficio, el condenado debe obtener del Consejo Criminológico Regional un informe favorable sobre su evolución penitenciaria, participación en programas de reinserción, informes psicológicos y psiquiátricos, y su pronóstico de peligrosidad y posibilidad de reinserción.
3.2. Personas procesadas
El sistema penal salvadoreño incluye el procedimiento abreviado como un beneficio al que pueden acceder personas que aún no han sido condenadas. Se trata de una vía especial de terminación del proceso penal en la que el imputado admite los hechos y acepta ser juzgado sin el juicio oral completo, a cambio de una pena menor.
Un elemento fundamental es que el imputado confiese de manera judicial o extrajudicial la comisión de los delitos que se le atribuyen. Esta confesión puede ser utilizada como prueba de participación de otros imputados en los hechos investigados.
El principal beneficio que puede otorgarse al imputado es que se le aplique desde la tercera parte del mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión prevista para el delito imputado. Si el Fiscal General de la República lo solicita, la pena puede ser incluso menor.
En casos en que a la persona se le imputen delitos bajo la modalidad de crimen organizado, el umbral más bajo para que la pena sea reducida es la mitad del mínimo de la pena de prisión prevista para el delito imputado. Y en casos excepcionales puede ser hasta una cuarta parte del mínimo, si así lo autoriza el Fiscal General de la República. Otro beneficio que puede otorgarse es el cumplimiento de la pena en un centro penal de seguridad media o mínima.
4. ¿Y los inocentes?
De las declaraciones de Nayib Bukele se desprende que el plan de liberación de reos se dirige a beneficiar a personas condenadas, o que el gobierno presume que son culpables a pesar de que no exista una sentencia aún y sus procesos continúen activos. Lo revelado por el momento no indica ninguna intención de liberar a:
Quienes han sido detenidos y procesados durante el régimen de excepción y sobre los que no existen pruebas de que hayan cometido los delitos que se les atribuyen.
Quienes ya han sido condenados sin pruebas suficientes de que hayan cometido los delitos que se les atribuyeron.
En esta sección se presentarán consideraciones teóricas sobre la presunción de inocencia (4.1), la prohibición de confesiones forzadas (4.2), para luego analizar los riesgos que plantea el mecanismo del procedimiento abreviado (4.3), y concluir con las medidas que podrían adoptarse para beneficiar a los inocentes privados de libertad durante el régimen de excepción (4.4).
4.1. Presunción de inocencia
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante PIDCP) establece que quien es acusado de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Sobre esto, el Comité de Derechos Humanos ha dicho que no debe presumirse la culpabilidad, a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, y que todas las autoridades deben abstenerse de hacer comentarios públicos en los que se declare la culpabilidad del acusado.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH) también establece que toda persona a quien se impute un delito debe presumirse inocente mientras no se establezca su culpabilidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que un requisito indispensable para una condena penal es la demostración fehaciente de la culpabilidad.
En El Salvador, la Constitución dispone que todo imputado se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. Y el Código Procesal Penal ratifica ese principio, señalando que la carga de la prueba corresponde a los acusadores.
La presunción de inocencia no ha sido suspendida en El Salvador durante el régimen de excepción.
4.2. Confesiones forzadas
De acuerdo con el PIDCP, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni a declararse culpable. Sobre esa base, el Comité de Derechos Humanos ha dicho que las autoridades no deben ejercer presión física o psicológica, directa o indirecta, contra un imputado a fin de obtener su confesión de culpabilidad. Las confesiones obtenidas de esa manera carecen de validez, y corresponde al Estado probar que las declaraciones de los acusados fueron libres y por su propia voluntad.
La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establece que uno de los propósitos de la tortura puede ser obtener una confesión o castigar al sujeto por un acto que se sospecha fue cometido por él; y por eso los estados no pueden admitir tales confesiones como prueba. El Comité contra la Tortura ha determinado que esa prohibición aplica también cuando la confesión se ha obtenido por "malos tratos", y no exclusivamente por tortura.
Por su parte, la CADH dispone que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Y agrega que la confesión únicamente es válida si se realizó sin coacción de ninguna naturaleza.
La Constitución de El Salvador también dispone que las personas no pueden ser obligadas a declarar. Esta garantía ha sido suspendida durante el régimen de excepción.
4.3. Riesgos que plantea el procedimiento abreviado
Como se expuso en la sección 3.2, el procedimiento abreviado es una herramienta que podría utilizarse en un plan para ofrecer beneficios a los detenidos durante el régimen de excepción que aún no han sido condenados. La aplicación sistemática y generalizada de procedimientos abreviados a esta población provocaría los siguientes efectos:
Se incorporarían de manera masiva las confesiones de los imputados como prueba de la comisión de los delitos que se les atribuyen.
Se agilizaría la depuración de los numerosos procesos penales que se abrieron durante el régimen de excepción.
Se favorecería la narrativa gubernamental de que todos los detenidos durante el régimen de excepción eran culpables.
Los imputados serían condenados a penas de prisión menores a las que habrían sido condenados sin un procedimiento abreviado.
El procedimiento abreviado es una herramienta válida en el sistema penal salvadoreño. Pero para que esta opere de manera regular, necesita que existan condiciones que garanticen que las confesiones de los imputados se hayan realizado sin coacción alguna.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por las denuncias de torturas y malos tratos a quienes están bajo la custodia de las autoridades salvadoreñas. GIPES y Amnistía Internacional han sostenido que en el sistema penitenciario salvadoreño hay indicios de que, de manera generalizada y sistemática, ocurren torturas, desapariciones forzadas, desnudez forzada, falta de atención médica, obligación de presenciar actos de agresión a otros reclusos, incomunicación prolongada, y negación de atención médica adecuada; y tales ataques podrían llegar a ser crímenes de lesa humanidad.
Desde un enfoque institucional, para que existan condiciones que garanticen una confesión sin coacción alguna es preciso que la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial actúen con independencia. Sobre esto, en la última edición del Rule of Law Index, el subindicador de "límites efectivos al gobierno por el Poder Judicial" presenta a El Salvador con una puntuación de 0.34/1.0 (posición 120 de 143 países evaluados); y en cuanto a la independencia de la Fiscalía General de la República, el subindicador sobre si los "funcionarios del gobierno son sancionados por conductas irregulares" presenta al país con una puntuación de 0.27/1.0 (posición 131 de 143 países).
Además, como se dijo antes, el régimen de excepción ha suspendido desde marzo de 2022 el artículo 12 inciso 2.º de la Constitución. Este incluye la prohibición de que nadie pueda ser obligado a declarar. Esto ha ocurrido aunque el PIDCP establece expresamente algunos derechos que no son susceptibles de suspensión en un estado de emergencia, y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido que esto incluye la prohibición de suspender las garantías judiciales. De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que los principios del debido proceso reconocidos en el artículo 8 de la CADH no pueden suspenderse durante un estado de emergencia; entre ellos, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo.
Por lo anterior, bajo ninguna circunstancia debería haberse suspendido en El Salvador la prohibición de obligar a declarar, pero tal suspensión continúa vigente luego de más de cuatro años. Y sin esa garantía constitucional, se termina de derribar la base que sostiene la legitimidad del procedimiento abreviado: una confesión del imputado libre de coerciones.
Por todo lo anterior, no puede considerarse que en el sistema penal salvadoreño haya condiciones para que los imputados confiesen los delitos que se les imputan de manera libre y sin riesgo de coacción. Esto provoca que el uso del proceso abreviado para personas procesadas durante el régimen de excepción puede instrumentalizarse como un medio para condenar a inocentes y consolidar violaciones a los derechos humanos.
4.4. Vías de solución para los inocentes
La situación de los detenidos durante el régimen de excepción es preocupante. El carácter masivo del fenómeno de detenciones arbitrarias agrava el problema.
Es necesario que esas decenas de miles de casos encuentren una salida judicial que garantice una sanción a los responsables de los delitos cometidos y favorezca la seguridad pública. Pero además debe ponderarse la justicia, la verdad, y los derechos fundamentales de los imputados. Esto significa que una solución no puede pasar por cerrar todos los procesos a través de confesiones masivas y sentencias condenatorias automáticas.
Una solución ponderada debe incluir el análisis individualizado del caso de cada persona detenida durante el régimen de excepción, para evaluar de manera objetiva las pruebas incorporadas y, a partir de ello, definir la estrategia judicial que debe seguirse. Tratándose de decenas de miles de casos, esta tarea es imposible que sea ejecutada por las autoridades salvadoreñas por sí solas. Ante ello, GIPES hizo una recomendación al Estado de El Salvador: "Crear una comisión independiente de revisión de causas judiciales, con apoyo internacional, que trabaje junto al sistema de justicia, para seleccionar y clasificar casos con el fin de llegar a salidas legales y humanitarias". En adelante, a la comisión propuesta por GIPES se le denominará Comisión Ad Hoc.
El objeto de la Comisión Ad Hoc no debe ser sustituir las competencias de la Fiscalía General de la República ni de los tribunales, sino actuar como un órgano auxiliar. Para que esto ocurra así, es necesario que el Estado salvadoreño, y en particular el Órgano Ejecutivo y la Fiscalía General de la República, la acepte y esté dispuesto a cooperar con ella de manera coordinada.
La utilidad de la Comisión Ad Hoc depende de que reúna ciertas características mínimas para evitar el riesgo de legitimar un proceso que no corrige las detenciones arbitrarias, sino que las administra.
Tabla
Características recomendadas de la Comisión Ad Hoc
1 | Independencia. Ni la designación de los integrantes de la Comisión Ad Hoc ni su financiamiento pueden depender del Estado salvadoreño. |
2 | Universo de casos definido de antemano. Debe establecerse con anticipación qué casos examinará la comisión. Un criterio temporal puede ser el de las personas detenidas desde el inicio del régimen de excepción (27 de marzo de 2022). Otro criterio puede basarse en el tipo de delito atribuido; por ejemplo, agrupaciones ilícitas (art. 345 del Código Penal) o pertenencia a una organización terrorista conocida como pandilla (art. 344-A). |
3 | Acceso irrestricto a la información. La comisión debe tener acceso sin restricciones a los expedientes judiciales y a los de la Fiscalía General de la República relacionados con cada caso. |
4 | Análisis individualizado. La comisión debe examinar cada caso de manera individual. |
5 | Informe con valoración de la prueba. El análisis de cada caso debe concluir con un informe que valore la prueba incorporada al proceso y, con base en ella, formule una recomendación sobre la actuación que debe adoptar la Fiscalía General de la República. |
6 | Recomendaciones en casos sin condena. Si se concluye que no es posible fundamentar la acusación y no existe una posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos de prueba, se podrá recomendar a la Fiscalía que solicite el sobreseimiento definitivo, conforme al artículo 350 del Código Procesal Penal. Si se considera que podrían incorporarse nuevos elementos en el futuro, se recomendará solicitar el sobreseimiento provisional, conforme al artículo 351 del mismo código. |
7 | Recomendaciones en casos con condena firme. Si la persona ya fue condenada mediante sentencia firme y se concluye que la condena se fundó en prueba falsa, que se violó de manera directa y manifiesta una garantía constitucional, o que existen nuevos hechos o elementos de prueba, se recomendará a la Fiscalía que presente un recurso de revisión, conforme al artículo 489 del Código Procesal Penal. |
8 | Publicidad limitada. Los informes emitidos por la comisión se entregarán también a los defensores o a los familiares de la persona condenada, para que puedan interponer los recursos o acciones judiciales que consideren por sí mismos. |
8 | Legitimación para presentar hábeas corpus. La comisión podrá presentar directamente solicitudes de hábeas corpus ante las cámaras de segunda instancia o ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia |
Fuente: Elaboración propia
5. Conclusiones
El Salvador se encuentra en un régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022.
Hasta octubre de 2026, se han detenido al menos 93,334 personas en el marco del régimen de excepción.
GIPES y Amnistía Internacional han señalado que en el régimen de excepción se han cometido detenciones masivas y arbitrarias, y posibles crímenes de lesa humanidad.
El presidente Nayib Bukele ha dicho que existe un plan de liberación de reos que busca reducir la ejecución de penas de prisión a personas condenadas durante el régimen de excepción, o que el gobierno presume que son culpables a pesar de que no exista una sentencia aún. Más allá de las declaraciones del presidente en las conferencias de prensa de los días 13 y 16 de octubre de 2026, no hay información clara sobre el contenido y alcance del plan.
De acuerdo a las leyes salvadoreñas, las vías legales que pueden activarse para otorgar ese tipo de beneficios a personas condenadas a penas de prisión son:
Libertad condicional.
Libertad condicional anticipada.
Libertad controlada.
De acuerdo a las leyes salvadoreñas, la vía legal que pueden activarse para otorgar reducción de penas a personas cuyos procesos están activos y aún no han sido condenadas es el procedimiento abreviado.
El procedimiento abreviado requiere que la persona confiese haber cometido los delitos que se le imputan. El beneficio que puede recibir es la reducción de la pena hasta la tercera parte del mínimo de la pena de prisión prevista.
La aplicación sistemática y generalizada de procedimientos abreviados a los detenidos durante el régimen de excepción podría provocar los siguientes efectos:
Se incorporarían de manera masiva las confesiones de los imputados como prueba de la comisión de los delitos que se les atribuyen.
Se agilizaría la depuración de los numerosos procesos penales que se abrieron durante el régimen de excepción.
Se favorecería la narrativa gubernamental de que todos los detenidos durante el régimen de excepción eran culpables.
Los imputados serían condenados a penas de prisión menores a las que habrían sido condenados sin un procedimiento abreviado.
Para que el procedimiento abreviado opere de manera regular, necesita que existan condiciones que garanticen que las confesiones de los imputados se hayan realizado sin coacción alguna.
En el sistema penal salvadoreño no hay condiciones para que los imputados puedan emitir una confesión sin coacción alguna por los siguientes motivos:
Existe el riesgo de torturas y malos tratos sistemáticos y generalizados hacia las personas bajo la custodia del Estado.
Falta de separación de poderes y, en particular, de independencia del órgano judicial y de la Fiscalía General de la República.
En el régimen de excepción se ha suspendido la prohibición de obligar a declarar a los imputados.
Una solución adecuada para resolver judicialmente decenas de miles de casos abiertos durante el régimen de excepción debe garantizar la sanción de los delitos cometidos y la seguridad pública, ponderando la justicia, la verdad, y los derechos fundamentales de los imputados. Una solución que considera de manera integral esas circunstancias es la comisión independiente de revisión de causas judiciales propuesta por GIPES (Comisión Ad Hoc).
Para que una Comisión Ad Hoc opere, es necesario que el Estado salvadoreño, y en particular el Órgano Ejecutivo y la Fiscalía General de la República, la acepte y esté dispuesto a cooperar con ella de manera coordinada.
Se recomienda que una Comisión Ad Hoc cumpla con las siguientes características:
Ni la designación de los integrantes de la Comisión Ad Hoc ni su financiamiento pueden depender del Estado salvadoreño.
Debe establecerse con anticipación qué casos examinará la comisión.
La comisión debe tener acceso sin restricciones a los expedientes judiciales y a los de la Fiscalía General de la República relacionados con cada caso.
La comisión debe examinar cada caso de manera individual.
El análisis de cada caso debe concluir con un informe que valore la prueba incorporada al proceso y, con base en ella, formule una recomendación sobre la actuación que debe adoptar la Fiscalía General de la República.
Si se concluye que no es posible fundamentar la acusación y no existe una posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos de prueba, se podrá recomendar a la Fiscalía que solicite el sobreseimiento definitivo o provisional.
Si la persona ya fue condenada mediante sentencia firme y se concluye que la condena se fundó en prueba falsa, que se violó de manera directa y manifiesta una garantía constitucional, o que existen nuevos hechos o elementos de prueba, se recomendará a la Fiscalía que presente un recurso de revisión.
Los informes emitidos por la comisión se entregarán también a los defensores o a los familiares de la persona condenada, para que puedan interponer los recursos o acciones judiciales que consideren por sí mismos.
La comisión podrá presentar directamente solicitudes de hábeas corpus ante las cámaras de segunda instancia o ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.




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